El pasado 4 de
Marzo se llevó a cabo una manifestación en contra de la realización, por parte
de la empresa australiana Berkeley, del proyecto de mina de uranio a cielo
abierto en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes
(Salamanca). Este proyecto, catalogado de ecocidio, supone arrasar con el
hábitat de dehesa de estos municipios, con consecuencias nefastas para la fauna
y flora del lugar. Talando encinas centenarias en un espacio protegido por red
natura2000 e incluido dentro del plan de recuperación de la cigüeña negra.
Unas 200
personas marcharon desde el pueblo de Retortillo, municipio en el que se están
llevando a cabo las obras y preparaciones para el proyecto, hasta las instalaciones,
pasando por una valsa ya escavada de 25.000 m2. Decir que esta valsa se hizo sin los permisos pertinentes de manera ilegal. La empresa cerró el camino público que pasaba al lado de la valsa, porque no se
quería dejar pasar a los manifestantes para que no sacaran fotos del lugar.
Al llegar a
las instalaciones se procedió a leer un manifiesto en contra de la mina entre
consignas que decían “MINA NO, VIDA SI” y se represento un teatrillo para los
más peques y no tan peques.
A la tarde se
realizó una bellotada antinuclear simbólica y hubo una pequeña ruta por zonas
donde la empresa esta arrancando literalmente encinas de un territorio que hoy
por hoy está protegido e incluido dentro de figuras de protección como la red
natura2000.
Actualmente la única alternativa viable es llevar a los tribunales de justicia a la filial de Berkeley en España para poder paralizar el proceso y parar este desastre natural. Esperemos que la justicia actúe.
De no ser por la gente que se preocupa por su entorno como los componentes de STOP URANIO, la rana antinuclear y el resto que de manera particular apoya la causa, empresas como Berkeley camparían a sus anchas dejando tras de sí una huella ecológica sin posibilidad de revertir.
A continuación
os dejamos un resumen escrito por José Ramón Barrueco Sánchez, Secretario/Portavoz
de la Plataforma Stop Uranio, donde explica la problemática del caso desde que
comenzó y como la empresa Berkeley se ha abierto camino en su propósito, a
través de una red clientelar fraudulenta, que va desde los mismo municipios
hasta los sectores más altos de la administración.
En la presente información se aborda la problemática surgida en
Salamanca, en pleno corazón de la dehesa, en la que ha fijado sus intereses una
empresa de origen australiano que pretende explotar una mina de uranio. Para
conseguir su objetivo ha forjado una red clientelar entre los municipios
afectados, comprando voluntades entre la población y políticos locales a la vez
que se ha beneficiado del apoyo de altos cargos de las distintas
administraciones.
1.- EL PROYECTO
La empresa
Berkeley Minera España S.L. tiene intención de abrir una mina de uranio a cielo
abierto en la provincia de Salamanca cerca de la frontera de Portugal, en los
términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes. En Europa sólo hay
minas de uranio en la República Checa y Rumanía, habiéndose clausurado todas
las minas de uranio en Europa occidental. Países como Francia, Portugal o
España habían abandonado esta actividad minera por su alto impacto ambiental y
escasa rentabilidad.
Desde hace 12 años
se vienen realizando prospecciones para encontrar uranio en el oeste español,
más concretamente en Salamanca y Cáceres. Primero fue Minera del río Alagón la
empresa que comenzó con esa labor de investigación para posteriormente venderle
los permisos a Berkeley resources limited, empresa australiana de minería,
creando la filial española como Berkeley Minera España.
En 2007 el
precio del uranio estaba a 135 dólares la libra de peso, ahora está a 22.
Aparte de la crisis económica en el caso del uranio ha influido decisivamente
el desastre nuclear de Fukusima en marzo de 2011. Muchos países se han
replanteado el uso de esta energía que puede ocasionar muerte y destrucción
como en el caso de Chernobyl (abril de 1986).
La energía
nuclear está en declive, está perdiendo el pulso con las renovables. Lo único
que la mantiene es que una vez hecha la inversión de construcción la producción
de energía es más barata que en el caso de las térmicas o las de gas de ciclo
combinado.
El parque de
centrales nucleares europeas está a punto de cumplir su vida útil en la mayoría
de los casos, no produciéndose renovación pues ahora mismo sólo hay dos
centrales en construcción, una en Gran Bretaña y otra en Finlandia. En España
se duda que se pueda reabrir Garoña y en la próxima década se cumplen los 40
años previstos de funcionamiento de todas ellas, empezando por Almaraz que debe
cerrar en 2020.
Además la
riqueza de ese mineral de la mina proyectada es muy escaso, del orden de 0.02%
del material que se extrae es uranio, en Canada hay minas que tienen un 15% de
riqueza de mineral de uranio.
El proyecto
afecta a 2.500 has., se va a realizar un vallado perimetral de 27 km., aunque
el hueco de mina sería de 230 has. en las dos zonas previstas (Retortillo y
Santidad). En la memoria de la empresa se dice que se obtendrán 8.500 toneladas
de óxido de uranio (U3O8) para lo que hay que remover 31 millones de toneladas
de mineral.
Para abrir
la mina se necesitan una serie de permisos de las distintas Administraciones
Públicas. Así, la Junta de Castilla y León ha otorgado la concesión de
explotación según Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Salamanca publicado en el BOCYL de fecha 04/06/2014. El Ministerio
de Industria ha dado la autorización previa (BOE de 25/09/2015) para la planta
de concentrado de mineral de uranio que Berkeley quiere ubicar en la zona de
Retortillo, autorización que está recurrida en la sala del contencioso
administrativo de la Audiencia Nacional por parte del partido EQUO y también
por Ecologistas en Acción. La Confederación Hidrográfica del Duero también le
ha concedido el uso del agua para la mina, a la vez que ha autorizado los
vertidos al río Yeltes. Esta última autorización también la tiene recurrida el
Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, pues tiene la toma de aguas para el
pueblo pocos kilómetros más abajo de donde está previsto realizar los vertidos.
Donde más
dificultades ha encontrado la empresa minera es a nivel local. Para la apertura
de la mina es necesaria la autorización del cambio de uso del suelo por parte
de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo de Salamanca, en virtud de un expediente promovido por los municipios
afectados, los dos con alcaldes del PSOE (la Junta de Castilla y León es del
PP). En este sentido el ayuntamiento de Retortillo se muestra más favorable a
los intereses mineros, pero el de Villavieja de Yeltes se ha posicionado
claramente en contra de la apertura de la mina por lo que en la actualidad esta
autorización no ha sido posible. El ayuntamiento de Villavieja pone pegas al
proyecto en base a que el Consejo de Seguridad Nuclear considera los residuos
de la mina como radiactivos de primera categoría y sin embargo la empresa
ocultó este dato a los ayuntamientos.
2.- LAS CONSECUENCIAS
Los
habitantes de esta zona se oponen a la mina por los efectos negativos que esta
actividad va a suponer para la Comarca, así la existencia de una mina a
cielo abierto a pocos kilómetros de algunos pueblos (2,5 km. en el caso de
Retortillo) supondrá molestias y peligros para las personas que vivimos en esta
tierra: explosiones con expulsión de polvo para la atmósfera (efecto negativo
del gas radón), continuo trasiego de camiones y maquinaria pesada. También hay
que contar con los efectos negativos que para el Medio Ambiente tienen este
tipo de explotaciones: se formará un cráter de varias hectáreas de extensión y
más de un centenar de metros de profundidad, con la consiguiente pérdida de la
masa forestal, desviaciones de los cursos de agua, etc.
En este
sentido también hay que señalar que el río Yeltes y sus márgenes, aledaño a la
explotación, y atravesado, según el proyecto, por una cinta transportadora de
mineral, están incluidos en la Red Natura 2000 con la consideración de Zona de
Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). Si
finalmente se abre la mina cabe la posibilidad de recurrir al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que ya ha fallado en contra de proyectos que
puedan afectar negativamente a zonas protegidas (caso de una autopista entre
Den Bosh y Eindhoven que afectaba a unas plantas de molinias en mayo de 2014).
Por otro lado no hay que olvidar que se trata
de una mina de uranio y así el Consejo de Seguridad Nuclear exige que los
residuos que se producen sean considerados como radiactivos. Estos residuos
serán almacenados en la mina de por vida, estimándose que tardarán miles de
años en degradarse.
Quienes están a favor de la mina argumentan que creará empleo en la zona,
pero la misma empresa minera reconoce que de los 200 trabajadores que contará
la mina sólo el 10 % serán personal no cualificado que puede proceder de los
habitantes de los municipios cercanos a la mina. Además la vida útil de la mina
es muy limitada en el tiempo.
Lo que no dice la empresa son los empleos que destruirá. Hay 65 personas
trabajando en el Balneario de Retortillo, que se encuentra situado a menos de 1
km. de la mina, que ven peligrar su puesto de trabajo pues una actividad minera
tan cercana es incompatible con los valores que promueven los balnearios. La
actividad agrícola-ganadera también va a quedar dañada. Hay serios riesgos de
que la ganadería se contamine con una radiactividad excesiva y no podrán
superar los productos cárnicos derivados los controles sanitarios pertinentes.
El turismo también es una fuente de ingresos que quedará condicionada por la
actividad minera.
Un
aspecto importante a considerar es la posibilidad de que se abra la mina y
finalmente tenga que cerrar por la inviabilidad económica del proyecto ¿Quién asumiría
el coste de restauración de la zona donde se hayan realizado las labores
mineras si la empresa abandona a mitad de camino?
3.- PRÁCTICAS CLIENTELARES Y
SOMBRA DE CORRUPCIÓN
La
empresa Berkeley Minera de España S.L. surgió como filial de la empresa
australiana Berkeley Resources, pero en la web de la primera no figura esa
vinculación con la segunda, centrando toda su actividad únicamente en el
proyecto de Salamanca. Al no explotar ninguna mina de ningún tipo en el mundo
siempre han creído los grupos ecologistas y las personas que se oponen a la
mina que se trata de un movimiento especulativo. Berkeley persigue obtener
todos los permisos y crear la mínima infraestructura necesaria para
posteriormente vender la explotación a alguna gran empresa que tenga como
objetivo la explotación minera.
La
empresa minera ha repartido dádivas entre los municipios afectados mediante la
firma de unos convenios de colaboración que textualmente recogen la obligación
de los ayuntamientos a emitir informes favorables por parte de los servicios
jurídicos y técnicos municipales y la tramitación de los expedientes relativos
a recalificaciones o autorizaciones urbanísticas. Resulta sorprendente, de
dudosa legalidad y nula moralidad, que se pague un canon con antelación a la apertura
de un negocio con el compromiso de facilitarlo. Así el ayuntamiento de
Retortillo podría haber recibido 200.000 euros en virtud del convenio referido.
Por otro lado
la Plataforma Stop Uranio que lucha contra la apertura de la mina ha presentado
en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Ciudad Rodrigo una querella
contra los regidores municipales del Partido Popular en el ayuntamiento de
Retortillo (Salamanca) durante la pasada legislatura (2011/2015), la cual ha
sido admitida. Se les investiga por presuntas irregularidades en su
gestión al haberse podido lucrar personalmente o sus familias en relación al
establecimiento de la mina de uranio en ese municipio.
El motivo de
la querella en el caso del antiguo Alcalde (Fco. Javier Santamartina) es el supuesto beneficio por la venta de unos
terrenos, por un valor superior al precio del mercado, a la empresa Berkeley
Minera de España S.L. para posibilitar la construcción de las instalaciones mineras.
Para ello se tuvo que autorizar el uso excepcional de suelo rústico y conceder
la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento que regentaba.
En el caso de
los señores Andrés Matías, Eustaquio Martín y Feliciano Sánchez (los dos
primeros concejales actuales por el PP en el ayuntamiento de Retortillo) podrían
haber cometido cohecho al haberse beneficiado, personalmente o personas de su
entorno familiar, de la realización de trabajos, directos o por empresas
interpuestas, a la vez que tenían que tomar decisiones en relación a la
apertura de la mina de uranio a cielo abierto en esa localidad.
El
ayuntamiento de Retortillo ha cambiado color político tras las elecciones de
2015, gobernado ahora por el PSOE, pero eso no ha significado una posición
distinta sobre la apertura de la mina. Sí lo intentó Lorenzo Calderón, alcalde
del PSOE durante un año hasta que tuvo que dimitir por la falta de apoyo de sus
compañeros de partido, que se alinearon con los del PP para echarle por su
intención de consultar a la población sobre la instalación minera.
El proyecto
minero saltó a los medios de comunicación en diciembre de 2015 cuando una
información recogió la noticia de que el Sr. Manuel Lamela (antiguo Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid) medió como lobbista ante la Comisión
Europea para conseguir una opinión favorable de Europa a este proyecto minero.
Lo llamativo del caso fue que el señor Lamela nunca ha tenido nada que ver con
la actividad minera, siendo el único mérito conocido ser amigo del Comisario
Arias Cañete que firmó el parecer favorable de la Comisión Europea. En este
documento de la Comisión Europea se duda de la rentabilidad del mismo, lo que
acrecienta las dudas sobre el proyecto.
Otros
políticos con sombras en su gestión están vinculados al proyecto minero. Así la
concesión de explotación minera otorgada en junio de 2014 la obtuvo Berkeley
siendo Consejero de Economía y Empleo el Sr. Tomás Villanueva, implicado en
varios casos de posible corrupción como la trama de los parques eólicos o el
edificio la perla negra de Valladolid; y la autorización previa de la Planta de
beneficio de mineral fue concedida siendo ministro José Manuel Soria, el de los
papeles de Panamá y hoteles gratis en el Caribe.
La reacción de
la empresa minera ante estas supuestas irregularidades ha sido plantear un acto
de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y
calumnias a dos destacados miembros de la Plataforma ciudadana que luchan
contra la apertura de la mina. Con esta acción Berkeley pretende amedrentar y
acallar las críticas al proyecto. Una vez realizado el acto de conciliación en
el juzgado de Ciudad Rodrigo, el pasado 22 de junio de 2016, la empresa tiene
vía libre para interponer la querella. Otra cosa será si es admitida a trámite
o no, pues en el acto de conciliación lo único que quedó evidente es la
distinta opinión que tienen unos y otros sobre los efectos de la mina para la
comarca salmantina del Campo Charro.
En octubre del
año pasado el ayuntamiento de Retortillo declaró personas non gratas para el
municipio a los dos activistas que fueron sometidos al acto de conciliación
previo a la interposición de la querella por parte de Berkeley, Jesús Cruz y
José Ramón Barrueco, y por extensión a la Plataforma ciudadana Stop Uranio.
Imaginamos que esa distinción negativa es un pago a los favores prestados por
la empresa minera.
Otro aspecto
importante a señalar en la compra de voluntades por parte de Berkeley es su
relación con los medios de comunicación. El único periódico que se edita
enteramente en la provincia de Salamanca no da ninguna noticia que pueda
afectar negativamente al proyecto minero y, por el contrario, continuamente
ofrece información favorable a los intereses de Berkeley. Así se puede observar
que esta empresa patrocina diversas campañas del periódico local. Este
comportamiento es habitual en este tipo de empresas, como el caso de la Voz de
Galicia y la mina de oro que la empresa canadiense Edgewater pretendía abrir en
Corcoesto (A Coruña). El periódico regional más reconocido tampoco da
información de nuestra lucha, posiblemente por su vinculación a IBERDROLA,
empresa que ha firmado los proyectos de construcción junto con Berkeley.
La población
de la Comarca está mayoritariamente en contra del proyecto, habiendo cambiado
de posicionamiento tras las múltiples actividades y movilizaciones que ha
planteado la Plataforma antimina, informando a la población de los riesgos que
conlleva este tipo de minería.
Por otro lado,
la empresa Berkeley mantiene una pequeña actividad de investigación de nuevos
yacimientos contratando personas de la zona, lo que evidentemente conlleva
ciertas afiliaciones personales. También se ha atraído a parte de la población
local con diversas subvenciones de grupos deportivos, fiestas locales, mejora
de instalaciones, reparto de regalos navideños, etc… Además de la realización
de cursos de formación en prácticas de explosivos o agente de seguridad con
vistas a tener a los desempleados pendientes de la posibilidad de encontrar un
puesto de trabajo si finalmente se abren las instalaciones mineras.
En
el verano de 2016 Berkeley acometió el desvío de la carretera comarcal que une
Retortillo con Villavieja de Yeltes afectada por el proyecto minero. Este
desvío fue denunciado ante la Guardia Civil por nuestra Plataforma. También el
ayuntamiento de Retortillo preguntó a la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo si las obras realizadas requerían de la oportuna autorización
administrativa. Tanto la Guardia Civil como la Comisión Territorial han
dictaminado que se requiere autorización para realizar las obras, por lo que
nosotros hemos presentado una denuncia ante la fiscalía por delito
medioambiental el pasado 14 de febrero. En la denuncia hemos solicitado como
medida cautelar la paralización de cualquier acción que repercuta negativamente
sobre el medio ambiente de la zona, pues se están talando numerosas encinas a
pesar de que no se tienen los permiso para proseguir con las obras de
construcción de la mina.
José Ramón Barrueco Sánchez
Secretario/Portavoz de la
Plataforma Stop Uranio.
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